Minedu busca retirar a docentes sentenciados por 14 graves delitos
El Ministerio de Educación (Minedu) envió al Congreso de la República un proyecto de ley en el que propone ampliar la lista de delitos para la separación definitiva y preventiva de los maestros y trabajadores administrativos que cuenten con una condena, a fin de que no sigan ni reingresen a los colegios públicos y privados del país.
De esta manera, a los delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico de drogas, se sumarían los de proxenetismo, pornografía infantil, proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales a través de medios tecnológicos.
Asimismo, de aprobarse dicha iniciativa en la Comisión de Educación del Congreso, presidida por la legisladora fujimorista Tamar Arimborgo, se incorporarían los delitos de trata de personas, explotación sexual, esclavitud, homicidio doloso, parricidio, feminicidio, sicariato, así como secuestro, secuestro extorsivo, contra la humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura) y de violación de la intimidad mediante la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual.
Ayer, precisamente, la titular del Minedu indicó que “quienes vulneren la ley deben estar fuera del servicio educativo”. “No deben interactuar con menores, niños, niñas y adolescentes, y tienen que recibir sanciones más drásticas”, añadió durante el foro ‘Construcción Participativa del Plan de Acción para Eliminar la Violencia contra Niños y Adolescentes 2020- 2030’, realizado por Unicef.
Según Pablo, con la propuesta del Minedu, cualquier persona que haya sido condenada por estos delitos estará inhabilitada definitivamente para ingresar o reingresar a prestar servicios en el sector.
Se debe indicar que la norma técnica de la Ley N°29988 permite también la separación preventiva de profesores y administrativos que tengan procesos en trámite, denuncia penal presentada ante autoridad policial o fiscal para su investigación penal y denuncia administrativa relacionados a los primeros cuatro delitos.
El año pasado, el Ministerio de Educación debía destituir a 663 docentes y trabajadores administrativos condenados por terrorismo y violencia sexual. Para eso se necesita de una coordinación frecuente con el Poder Judicial.
Sentenciados siguen en aulas
– En el 2018 se pudo conocer que 329 personas del sector estaban condenadas por delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, no se les pudo separar definitivamente debido a que sus condenas fueron impuestas antes de 1991 y estaban fuera del alcance de la temporalidad prevista en la referida norma.
– El proyecto de ley busca principalmente eliminar este obstáculo.
La clave
– La propuesta también establece la obligación de los jueces de informar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) sobre las sentencias de dichos delitos, y Servir debe inscribir la inhabilitación en el registro nacional respectivo.
Fuente: larepublica.pe
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