¿Se debe privatizar la educación pública?
El expresidente Álvaro Uribe ha propuesto privatizar la educación básica.
En Colombia, los niños y los jóvenes en ambos tipos de instituciones no aprehenden a pensar, leer, escribir, convivir o argumentar. Eso lo sabemos porque poseemos –a cargo del Icfes– el mejor sistema de seguimiento de la educación de América Latina y porque hemos participado en las más importantes pruebas internacionales de evaluación de la educación, como son Pisa, Timms, Pirls, además de que los diagnósticos de la Unesco nos evidencian resultados muy similares. Todas las pruebas, sin excepción, tanto las internas como las externas, nos ratifican lo mismo: la calidad de la educación en Colombia, tanto en los colegios públicos como privados, es extremadamente baja. Si eso es tan claro, ¿por qué entonces el expresidente concluye que es alta la calidad en la educación privada?
El senador comete un error de pensamiento al sobre generalizar a partir de un caso particular. En realidad, un pequeño grupo de colegios, la gran mayoría privados y con nivel socioeconómico y sociocultural muy alto, viene realizando un buen trabajo en la última década. Este grupo está estimado en 600 colegios, lo que representa un 4% del total de las instituciones educativas del país. En estos colegios ha habido procesos positivos de liderazgo pedagógico, de construcción de PEI y comunidad educativa; en ellos hay buenos procesos de selección, formación y evaluación docente. Allí se respeta ampliamente la libertad de cátedra y, gracias a ella, se han realizado significativas modificaciones curriculares. En ellos la autonomía es más alta que en los colegios oficiales, a los cuales la política pública tiene asfixiados con requerimientos burocráticos impertinentes que les exigen las diversas dependencias de las secretarías de educación correspondientes.
En consecuencia, la libertad de cátedra –contrariamente a lo que creen en el Centro Democrático– es fundamental para entender esos avances en la calidad. Salvo en este pequeño grupo de colegios, no se puede inferir que los logros de todos los colegios privados sean mejores; entre otras razones porque sus resultados no son comparables, ya que sus estudiantes provienen de familias con niveles socioeconómicos y culturales muy diferentes. Cuando esta variable se controla –nuevamente en contra de lo que supone el senador– los resultados son idénticos.
Uribe propone continuar la política educativa de Santos, que consistió en transferir 4 billones de pesos al sector privado en un intento por imponer un sistema de financiamiento de la educación por la demanda. Es una idea muy equivocada para la calidad de la educación y para la democracia. Las gigantescas movilizaciones de profes y estudiantes se originaron contra el programa Ser Pilo Paga, germen de dichas transferencias. Los estudiantes se indignaron cuando vieron cómo, literalmente, se caían y asfixiaban financieramente las universidades públicas, mientras las privadas no paraban de construir y crecer. Los estudiantes ganaron el debate, la nación se puso de su lado y acompañó sus luchas y el gobierno de Duque decidió apoyar la educación pública. La propuesta de Uribe sería volver a un pasado ya superado de transferencias generalizadas al sector privado.
La desconfianza del senador Uribe por la educación pública y los profesores es de vieja data. Durante su gobierno se gestó el problema más grave para la educación pública rural del que tengamos noticia. Ésta fue por completo abandonada: se dejó de entregar textos a los colegios rurales, se dejó de formar a sus docentes y directivos, se abandonó cualquier proceso de contextualización y reorganización curricular. Fruto de ello, la educación oficial rural llegó a su nivel más bajo desde que tengamos seguimiento del mismo. Eso se puede verificar para matemáticas y lenguaje y para los grados tercero y quinto de primaria. Durante su gobierno, efectivamente la brecha entre la pública rural y la privada se acentuó de manera escandalosa; es decir, la educación dejó de cumplir el papel de movilizador social, que es su función esencial en una democracia.
El gobierno de Juan Manuel Santos diseñó un programa para revertir la crisis en la que había entrado la educación rural durante Uribe, y de la cual todavía no hemos salido por completo. El programa es conocido como Todos a Aprender (PTA) y a juicio de Jaime Niño (QEPD), ex ministro de educación, ha sido el programa más importante en la educación colombiana en las últimas décadas. El PTA fortaleció la formación in situ, entregó textos y generó un sistema de formación en cascada para 4.000 instituciones y 2 millones de estudiantes, precisamente los que alcanzaban los peores resultados en pruebas de Estado. Muchos de sus docentes desconocían que existiera un MEN, lineamientos curriculares, estándares, bibliotecas, conectividad o textos. Habían sido colegios prácticamente abandonados por el Estado. PTA logró revertir la tendencia y su balance es relativamente positivo: ha fortalecido la comunidad educativa, el clima institucional y ha tenido un impacto positivo para el área de lenguaje, aunque siguen pendientes los resultados en matemáticas.
El expresidente no se refiere a ninguno de los factores estructurales que explican la baja calidad: los niños de estratos bajos menores de 5 años no reciben educación inicial porque el Estado incumple su derecho constitucional; hay ausencia de política de Estado para la educación en Colombia, existen altos niveles de fragmentación y dispersión curricular y es evidente la baja calidad de la formación de los docentes. Pero lo que no dice Uribe es que ninguno de estos factores es responsabilidad de los docentes, todos recaen casi exclusivamente en el Ministerio de Educación Nacional. La pregunta es: ¿Por qué no se refiere a ellos el expresidente?
Desafortunadamente, no hemos contado en Colombia con una clase política preocupada por la educación y la ciencia, con visión a largo plazo para fortalecer el desarrollo. La obsesión, casi adictiva, de una buena parte de su clase política, ha sido por la participación y el triunfo en las elecciones. En eso, los docentes les llevamos una ventaja enorme a la mayoría de políticos colombianos. Nosotros estamos interesados en formar las próximas generaciones, en tanto el interés de una buena parte de los políticos es ganar las próximas elecciones.
Sin duda, Fecode ha actuado casi exclusivamente movido por criterios gremiales y ha participado muy poco en la reflexión pedagógica nacional; ha formulado muy pocas propuestas de carácter pedagógico y ha bloqueado procesos de evaluación docente pertinentes, que nos ayudarían a mejorar la calidad. Esa es su principal responsabilidad frente a la calidad de la educación. Pero no le podemos endilgar la responsabilidad de la formación, ni del diseño curricular, ni del incumplimiento del derecho a la educación de los menores. En eso el expresidente es muchísimo más responsable que todos los docentes que han trabajado en las últimas décadas. Y esos son los factores claves de la baja calidad de la educación en el país.
La educación no es un problema de derechas ni de izquierdas. Países de todas las tendencias ideológicas han alcanzado resultados excepcionalmente altos. Países del más amplio espectro político entendieron que la ciencia y la educación deben ser una prioridad. Todos ellos contaron con políticas de Estado en educación. Todos ellos crearon consejos nacionales para orientar los procesos educativos. Todos ellos se dedicaron a seleccionar, formar y evaluar de la mejor manera a sus docentes. Todos ellos repensaron sus lineamientos curriculares. Y ninguno de ellos se dedicó a estigmatizar a sus docentes o a perseguirlos. Por el contrario, los seleccionaron con cuidado, los empoderaron, los formaron, confiaron en ellos y, en general, fortalecieron su autonomía.
Lo que necesita el país es mejorar los sistemas de selección, formación y evaluación de docentes. Muy buenos procesos de selección de sus docentes acercarían a la docencia a los mejores egresados de la educación media. Necesitamos docentes altamente valorados y formados, para que desarrollen en sus estudiantes las competencias esenciales para pensar, comunicarse y convivir. Lograrlo implica transformar por completo los arcaicos sistemas de formación que siguen vigentes en Colombia.
El senador tiene razón en que las doctrinas y el pensamiento único no son buenos en la educación, pero la solución a estos problemas no está en la privatización ni en la coacción a la libertad de cátedra. Hay que hacer exactamente lo contrario: fortalecer la libertad de cátedra, de manera que se amplíen los debates y se fortalezca el pensamiento crítico de los estudiantes, que es el mejor antídoto contra los dogmas.
Las democracias necesitan una educación pública robusta y de calidad. Son las dictaduras las que coartan la libertad de cátedra y destruyen la educación pública.
(*) Director del Instituto Alberto Merani y Consultor en educación (@juliandezubiria).
Fuente: semana.com
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